Las Disposiciones de la presente Ley tienen por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones administrativas de toda la Administración Pública, los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública, el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus funcionarios; y, el ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionador.
